El reciente desmantelamiento del equipo técnico del Plan Nacional de Búsqueda desata polémica, siendo calificado como una represalia política por familiares de víctimas. La medida se lleva a cabo en un momento crítico, justo cuando emergían pistas valiosas sobre casos de desaparición. Esta acción genera sospechas sobre si se trata de una gestión administrativa o un obstáculo a los procesos de justicia.
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